El Senado de la República aprobó modificar el artículo 2 de la Constitución reconociendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, reconociéndolos como “una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio, que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos”; este último término remplazará al de “usos y costumbres” y exigirá un sistema de gobierno que se alinee con la Constitución.

De acuerdo con el más reciente censo del INEGI, más de 23.2 millones de personas se identifican como indígenas (19.4% de la población total) en México; además, existen 62 pueblos establecidos como indígenas, con mayor concentración en el sur del país. Con la reforma aprobada, estos pueblos tendrán obligaciones y derechos jurídicos, así como mayor claridad en sus leyes y un respaldo a las mujeres y niños que antes se veían vulnerables ante las “tradiciones, usos y costumbres” ambigüos.

Por otro lado, la Ley también definirá a las comunidades de descendencia africana como afromexicanos, que de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, ascienden a más de 2.6 millones de personas; y se les otorgarán los mismos derechos que a los pueblos índigenas.