El cierre de la administración y la transición de Gobierno trae consigo cambios importantes en los organismos autónomos y de gobierno. De acuerdo con las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República, siete Instituciones Autónomas podrían desaparecer para el próximo sexenio y sus funciones serían retomadas por alguna Secretaría u Órgano existente.
El primero de estos es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que en sus propias palabras, se encarga de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en México. En caso de reformar el artículo 28 que lo avala, sus funciones pasarían a formar parte de la Secretaría de Economía. Sobre este mismo artículo se igela Comisión Naciona de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reugladora de Energía, que pasarían, ambos a la Secretaría de Energía.
Por otro lado, las funciones de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que evalúa la política social y mide la pobreza en México pasarían al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); así como la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación pasaría a delegar sus tareas a la Secretaría de Educación Pública.
¿Por qué desaparecer las Instituciones Autónomas?
La idea de desaparecer estos organismos se debe a que, según el presidente, realizan tareas que se duplican con las funciones de las Secretarías que las “absorberían”, gastando presupuesto extra del erario. Por lo que propone “regresar” las funciones y facultades de dichos organismos autónomos a las dependencias que originalmente “las tenían”, a fin de cumplir con la política de transparencia que promueve su administración.
Con este fin, el Instituto Federal de Telecomunicaciones también dejaría de operar y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizaría la labor de regular, promover y supervisar el uso y explotación de las telecomunicaciones y radiodifusión. Sin duda, la posibilidad de desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es la principal preocupación de muchos, pues este se encarga de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información y la protección y uso adecuado de los datos personales. Sin el INAI, la Secretaría de la Función Pública regularía estos temas; sin embargo, para muchos el que sea una Institución de gobierno pone en riesgo la libertad de dichas funciones.